La justicia federal de Tucumán aceptó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sea querellante en la causa que se lleva adelante en esa provincia por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita. La SDH busca así que se continúe y profundice la investigación en curso sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra 68 personas, 11 de las cuales permanecen desaparecidas.
Argentina09 de noviembre de 2020
Sures Noticias
El Ingenio La Fronterita está ubicado en el departamento de Famaillá. Del requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal surge que dentro del predio del ingenio el Ejército instaló una base militar que funcionó como centro clandestino de detención y tortura al menos hasta 1978. Esa base militar estaba ubicada a pocos metros de la fábrica y de la casa del entonces administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti.
Se constató además, mediante diferentes documentos, que la empresa cedió diferentes espacios físicos a las Fuerzas Armadas que también fueron utilizados como CCD. Así, en el informe de la CONADEP ya se denunciaba que, a 300 metros de La Fronterita, sobre un camino adyacente al ingenio, se hallaba una construcción denominada “Los Conventillos”, unas viviendas que habían sido utilizadas por trabajadores temporarios de ese establecimiento y que fueron utilizadas como centro clandestino. La existencia de este CCD quedó probada también en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Provincial, que entre fines de 1984 y 1985, recibió denuncias de familiares y luego las presentó ante el Poder Judicial.
Muchos sobrevivientes también mencionaron como lugares ilegales de detención dentro del predio del ingenio al “Comando de Laguna”, donde se alojaba la oficialidad, y el “Tambo”, en el que permanecían las tropas. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, en esos CCD trabajadores azucareros y pobladores de las colonias de propiedad del ingenio fueron privados de su libertad, torturados y víctimas de desaparición forzada.
La situación procesal
El 13 de mayo último, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán resolvió dictar la falta de mérito a Jorge Alberto Figueroa Minetti, Alfredo José Martínez Minetti, Eduardo Buttori, y Fernando Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita durante aquellos años. El juez consideró que los ex directivos habían sido víctimas del accionar de las fuerzas represivas del mismo modo que los obreros, militantes y sindicalistas; y le recomendó al Ministerio Público Fiscal que profundice la investigación, pero no sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre el personal militar que operó la base militar. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó esa resolución el 7 de julio.
El Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán presentaron un recurso para que la Cámara Federal de Casación Penal revise esa decisión. Argumentaron que la falta de mérito favorece la impunidad de los imputados, porque además no se indicó a la acusación qué tipos de evidencias deberían producirse para lograr un procesamiento. También alegaron que la resolución contenía un análisis fragmentario y sesgado de la prueba.
La responsabilidad de la empresa en los crímenes
Existe una abundante prueba testimonial, documental e histórica sobre el rol de los ex directivos de La Fronterita en la represión ilegal a sus trabajadores. De aquella surge que los ex directivos cedieron las instalaciones del ingenio para que el Ejército instale una base militar que funcionó como centro clandestino, además de colaborar con su logística y mantenimiento. Autorizaron a los militares a circular por el establecimiento y ejercer control del ingenio, la fábrica, las casas de los pobladores y los caminos.
Los empresarios aportaron vehículos al personal militar para el desarrollo de las tareas de represión clandestina. Recolectaron y entregaron al Ejército información sobre obreros y empleados a los fines de la inteligencia militar. Y luego del retorno de la democracia no emprendieron ningún tipo de acción de denuncia, ni facilitaron información sobre lo ocurrido a trabajadores y trabajadoras bajo su responsabilidad.
“El objeto es que se investigue y se compruebe judicialmente la comisión de ilícitos contemplados en nuestro sistema constitucional y ley penal de fondo, constitutivos a la vez de hechos violatorios de los derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad. Se busca, además, la reconstrucción histórica de los hechos sucedidos, sus circunstancias y características, así como averiguar el destino final de las víctimas de desaparición forzada y su identificación cuando resultara posible (…) lográndose el enjuiciamiento y detención de los autores y responsables directos, así como la identificación y detención de los partícipes, cómplices, instigadores y encubridores que pudieren individualizarse”, señala la presentación que la SDH hizo en la justicia federal tucumana.
Los antecedentes del caso Ford
La postura del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán y de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán contradice, por ejemplo, lo que ya decidió la justicia en la causa Ford, que en 2018 condenó a dos ex directivos de la automotriz por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín estableció que el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Sibilla, fueron “partícipes necesarios” por los secuestros y torturas de 24 trabajadores y delegados en 1976.
La justicia verificó que Ford destinó el espacio del quincho, ubicado dentro del predio de la empresa, para alojar y torturar a los delegados detenidos. “Se acreditó que, tanto por su emplazamiento como por sus características constructivas, el quincho era perfectamente visible tanto desde el exterior como desde los caminos internos”, puntualizaron los jueces. Y agregaron que el centro clandestino estaba en la propiedad privada de la empresa y que hasta allí eran conducidos los operarios de la firma mantenidos en condición de desaparecidos.
”Existe una multiplicidad de testimonios y evidencias que, además de dar cuenta de que el quincho del centro recreativo funcionó como centro clandestino de detención, describen la vinculación que la empresa mantenía con fuerzas de seguridad y fuerzas militares para erradicar cualquier tipo de activismo dentro de la fábrica; así como también los aportes de una lista de nombres de trabajadores, información y recursos logísticos”, se relata en “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, una investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , el CELS y FLACSO.
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