El único incendio forestal que se mantenía activo en el valle cordobés de Traslasierra fue extinguido por personal de bomberos, mientras que los denominados puntos calientes, en el valle de Punilla, eran controlados hoy para evitar eventuales reinicios del fuego, en una jornada con lluvias en las regiones serranas.
Córdoba22 de octubre de 2020
Sures Noticias
El Gobierno de Córdoba informó que el fuego que se inició en la mañana de ayer, en el paraje La Argentina, en el departamento San Carlos Minas, fue extinguido luego de varias horas de trabajo de los bomberos sobre los secos pastizales y montes de palmeras.
En esa zona trabajaron efectivos de cinco cuarteles de la región traserrana, con el apoyo de un avión hidrante.
En tanto, continúan en guardia de cenizas los incendios de Capilla del Monte y Los Cocos, donde todavía permanecen desplegados bomberos y brigadistas para controlar algunos puntos calientes, mientras los demás focos están extinguidos.
En varias localidades del cordón serrano cordobés hoy persisten lluvias y lloviznas que, según el pronóstico meteorológico, se mantendrán intermitentes hasta el próximo domingo.
En lo que va del año se quemaron "más de 350.000 hectáreas, en una provincia donde solo quedaba menos del 3% de bosque en buen estado de conservación" y "con un promedio de 5.000 hectáreas de desmonte por año”, según el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam).
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.