En lo que va de 2020 en Córdoba ya ardieron casi 200.000 hectáreas de monte nativo, junto con su fauna y su flora, afectando suelos, las cuencas hídricas, el aire que respiramos, las economías campesinas, señalaron desde Arde Cordoba.
Córdoba09 de octubre de 2020
Sures Noticias
#ArdeCórdoba es un colectivo que nació para visibilizar de manera contundente el ecocidio que esta sufriendo en Córdoba. #EstoEsEcocidio, sostienen.
La convocatoria en redes sociales invitaba a sumarme a la acción colectiva:
Queremos que en las paredes de las ciudades se vean las llamas de los bosques y el dolor de las comunidades. En lo que va de 2020 en Córdoba ya ardieron casi 200.000 hectáreas de monte nativo, junto con su fauna y su flora, afectando suelos, las cuencas hídricas, el aire que respiramos, las economías campesinas. Se perdieron vidas peleando contra el fuego. En lo que va de 2020 han prendido fuego a diez veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Esta devastación no es natural, es política-económica-financiera y tiene blindaje mediático #TodoFuegoEsPolítico El Estado provincial es el principal responsable #SchiarettiEcocida Esta devastación busca extinguir la vida, prepara el terreno para el extractivismo inmobiliario, minero y el agronegocio. Nada es más fértil que un territorio devastado, hacer del monte tierra arrasada, tabula rasa para instalar otra cosa. Pero no permitiremos que esa devastación proponga otro mapa. Vamos a gritar a mil voces que esos territorios devastados deben ser cuidados. ¡Donde hay cenizas, habrá monte! #DondeHayCenizasHabráMonte Vamos a gritar ¡donde hubo incendios, habrá bosques! #DondeHuboIncendioHabráBosques Si respetamos sus tiempos -que no son los de ellos, los del capital- esos sitios quemados son pura potencia de vida #RestauraciónEcológica No abandonaremos la vida que hay en esos territorios: en esas cenizas hay semillas que van a brotar. ¡En esas cenizas hay monte! ¡En esas cenizas hay bosque!
Las intervenciones se realizaron en distintas locaciones de la Argentina , principalmente en la Provincia de Córdoba: Agua De Oro, Capilla del Monte, Salsipuedes, Cosquín, Ciudad de Córdoba, Centro Vecinal Alberdi, Museo de Antropología UNC, Alta Gracia, Jesús María, Jesús María y Sinsacate, Barrio Cofico, Barrio Jardín, Barrio General Paz Cordoba, Barrio La Chacarita, Ushuaia, Tierra del Fuego, Tres Arroyos, Congreso De La Nación Argentina, Microcentro Porteño, entre otras.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.