La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, presentó hoy los resultados del Informe 2019 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en el que se señaló que desde 2015 hasta el año pasado hubo un aumento en el total de hechos delictivos y que el 55% de las denuncias fueron por delitos contra la propiedad.
Argentina24 de septiembre de 2020
Sures Noticias
En un comunicado de prensa la cartera indicó que la presentación fue llevada a cabo esta tarde ante investigadoras, investigadores, científicas y científicos; y que en el encuentro la ministra felicitó a las trabajadoras y trabajadores de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, a cargo de Ángela Oyhandy y que llevó a cabo el informe.
"Desde que llegamos a este ministerio nos ocupamos de que la información estadística sea una parte central en la gestión de la seguridad, que no ocupe un lugar anecdótico ni accesorio, sino que sea un instrumento para poder evaluar las políticas púbicas del Ministerio de Seguridad como las que se desarrollan en las diferentes provincias", expresó Frederic.
De acuerdo al comunicado, el Informe plasma los resultados de los delitos a nivel país desagregados por provincias y mostró que durante el período 2015-2019 existió un "aumento en el total de hechos delictivos".
En ese sentido se detalló que las denuncias están compuestas en un 55,5% por delitos contra la propiedad; un 17,4% vinculadas al delito contra las personas; y una la tercera categoría que incluye el resto de los delitos, como amenazas y lesiones o infracciones a la Ley 23.737.
Respecto a esta ley de drogas, Oyhandy indicó que "hubo un crecimiento espectacular de hechos y denuncias, con gran concentración en la tenencia simple atenuada para uso personal, situación que creció un 84% entre los años 2018 y 2019".
Por su parte, la directora de Relevamiento y Análisis de la Información, Victoria Lucero, explicó esta información "es producida por las policías provinciales y las cuatro fuerzas federales y se basan tanto en las actas policiales de procedimiento como en los sumarios".
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El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
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El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.