El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro".
Córdoba07 de agosto de 2020
Sures Noticias
"No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama", dijo el mandatario en un acto desde Olivos donde se anunciaron mejoramiento en penales de la provincia de Buenos Aires.
El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito".
"No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad", dijo el Presidente al anunciar desde Olivos obras de infraestructura penitenciaria, donde se refirió, además, a la necesidad de que las cárceles "no se conviertan en mercados negros".
Fernández afirmó hoy que "el encierro es una penuria muy grande, y no pude haber más penuria que esa" para la persona condenada y sostuvo que no se puede "seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento" de las cárceles del país.
"La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario", afirmó el mandatario al encabezar, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la inauguración de 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.