Familiares y amigxs de “Nora”, víctima de trata de personas en manos de un funcionario provincial y otros cómplices denuncian la demora y la deficiente investigación en relación al caso de trata de personas de Nora, sumado a la poca atención sobre la salud de la víctima, que los operadores judiciales demuestran.
Córdoba15 de julio de 2020
Sures Noticias
Nora continúa internada en el IPAD, se le brindó custodia federal, gracias a la presión social y a la visibilidad del tema que hemos ejercido señalan los familiares.
Aún sigue en un instituto que no le puede brindar el cuidado y atención que requiere una mujer que ha pasado por tal situación, advierten
Comunicado completo
En el ámbito judicial, la investigación no denota cambios ni avances, debido a que el victimario es un funcionario público. Creemos que la dilatación irregularidades observadas desde un principio se deben a tal razón. Sospechamos que puede haber encubrimiento en los cargos que
se ocupan actualmente, ya que hay repetidas situaciones contradictorias y contraproducentesen el accionar de las instituciones responsables. Nos llama poderosamente la atención que luego de archivar aceleradamente (el 20 de
diciembre) la denuncia presentada por la hermana de Nora, el 19 de diciembre en la Unidad Judicial 2 de la Justicia Provincial, seis meses después vuelvan a comunicarse con la familia, pretendiendo reactivar de oficio una causa desestimada inmediatamente.
El Polo de la Mujer, que en diciembre negó la restricción solicitada para el victimario, ahora además de mostrarse interesado en el caso, también sin requerimiento de la familia, transmite información errónea, lo que evidencia un interés sospechoso en intervenir en el proceso, tanto judicial como terapéutico. Todo esto genera temor y desazón.
Es por esto que, solicitamos la aceptación como querellantes en la causa, debido a la vulnerabilidad psíquica y emocional de "Nora". Esto nos brindará, entre otras cosas, el acceso al expediente completo para conocer en profundidad qué acciones se han tomado y se toman por parte de la justicia. Por tal razón, el pasado martes 7 de julio, la abogada de parte recurrió la denegatoria y esperamos que el Juzgado Federal Nº 2 finalmente tome una decisión consecuente a derecho, es decir admitir la constitución de parte querellante.
Exigimos que se brinde un tratamiento indicado para Nora, debiendo el estado nacional afrontar el costo, la intervención de un grupo interdisciplinario especializado y al margen de incumbencias provinciales; y finalmente una correcta investigación de los hechos, con imputación de sus responsables y la dilucidarción de sus complices y/o encubridores
Marcha este jueves 16 de julio por la salud y la vida de Nora a las 17 hs. desde Colon y Gral Paz.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)