El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y su par de Córdoba, Juan Schiaretti, dispusieron realizar un análisis sanitario para dar respuesta a las protestas vecinales que se produjeron en la Villa de Merlo, 278 kilómetros al norte de la capital puntana, en el límite interprovincial, informaron hoy fuentes oficiales.
Córdoba06 de junio de 2020
Sures Noticias
Allí, el gobierno de San Luis construyó un talud sobre un camino vecinal que interconecta a la localidad cordobesa de La Paz con la Villa de Merlo para impedir la circulación de personas, en el marco del cierre de fronteras impuesto por la pandemia de coronavirus.
El sábado pasado un hombre murió cuando intentaba sortearlo y fue aplastado por su auto contra el montículo de tierra, lo que despertó el enojo de los vecinos de Merlo que intentaron derribar el talud.
A raíz de la situación, llegaron al lugar miembros del Comité de Crisis de San Luis para buscar soluciones a los reclamos y “preservar el estatus sanitario” que mantiene a la provincia libre de circulación comunitaria del virus Sars-Cov-2.
Por eso, los mandatarios provinciales acordaron un abordaje territorial, que comenzó hoy, para realizar un relevamiento de información que permita conocer las necesidades de la población y decidir cómo intervendrán para brindar solución a los 700 habitantes que comparten las localidades de Merlo y La Paz.
Esas acciones continuarán el lunes, martes y miércoles de 10 a 16 en el límite geográfico de las rutas 1 y 14 para las personas con terminación de DNI par; y en límite geográfico de la ex Ruta 1 para los vecinos con terminación impar, coordinados por los comités de emergencia de San Luis, que encabeza Rosa Dávila, y de Córdoba, que lidera Juan Uez.
En tanto, un vecino por cada grupo de familias acudirá a los lugares designados, con los documentos de identidad de sus integrantes, para responder una encuesta en la que se consultará las necesidades básicas de salud como controles sanitarios, enfermedades crónicas, cobro de haberes de jubilados y pensionados, entre otros.
“El formulario no les llevará mucho tiempo y el personal del hospital será el que estará en los límites recibiendo los datos”, afirmó Dávila en declaraciones a la Agencia de Noticias del Estado Provincial.
La funcionaria destacó que “San Luis -que tiene 11 casos de Covid-19-, tiene un estatus sanitario que alcanzó con esfuerzo, que estamos muy ocupados en mantenerlo y buscamos trabajar para que esto continúe”.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
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Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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