El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y su par de Córdoba, Juan Schiaretti, dispusieron realizar un análisis sanitario para dar respuesta a las protestas vecinales que se produjeron en la Villa de Merlo, 278 kilómetros al norte de la capital puntana, en el límite interprovincial, informaron hoy fuentes oficiales.
Córdoba06 de junio de 2020
Sures Noticias
Allí, el gobierno de San Luis construyó un talud sobre un camino vecinal que interconecta a la localidad cordobesa de La Paz con la Villa de Merlo para impedir la circulación de personas, en el marco del cierre de fronteras impuesto por la pandemia de coronavirus.
El sábado pasado un hombre murió cuando intentaba sortearlo y fue aplastado por su auto contra el montículo de tierra, lo que despertó el enojo de los vecinos de Merlo que intentaron derribar el talud.
A raíz de la situación, llegaron al lugar miembros del Comité de Crisis de San Luis para buscar soluciones a los reclamos y “preservar el estatus sanitario” que mantiene a la provincia libre de circulación comunitaria del virus Sars-Cov-2.
Por eso, los mandatarios provinciales acordaron un abordaje territorial, que comenzó hoy, para realizar un relevamiento de información que permita conocer las necesidades de la población y decidir cómo intervendrán para brindar solución a los 700 habitantes que comparten las localidades de Merlo y La Paz.
Esas acciones continuarán el lunes, martes y miércoles de 10 a 16 en el límite geográfico de las rutas 1 y 14 para las personas con terminación de DNI par; y en límite geográfico de la ex Ruta 1 para los vecinos con terminación impar, coordinados por los comités de emergencia de San Luis, que encabeza Rosa Dávila, y de Córdoba, que lidera Juan Uez.
En tanto, un vecino por cada grupo de familias acudirá a los lugares designados, con los documentos de identidad de sus integrantes, para responder una encuesta en la que se consultará las necesidades básicas de salud como controles sanitarios, enfermedades crónicas, cobro de haberes de jubilados y pensionados, entre otros.
“El formulario no les llevará mucho tiempo y el personal del hospital será el que estará en los límites recibiendo los datos”, afirmó Dávila en declaraciones a la Agencia de Noticias del Estado Provincial.
La funcionaria destacó que “San Luis -que tiene 11 casos de Covid-19-, tiene un estatus sanitario que alcanzó con esfuerzo, que estamos muy ocupados en mantenerlo y buscamos trabajar para que esto continúe”.
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)