El senador Alberto Weretilneck estimó que el proyecto de Ley de Alquileres que hoy tratará la Cámara alta será sancionado "por unanimidad", ya que "tiene un fuerte acompañamiento porque el mercado inmobiliario es uno de los más agresivos y especuladores".
Argentina04 de junio de 2020
Sures Noticias
"El mercado inmobiliario tiene una gran especulación y es uno de los más agresivos en el uso de la tierra y los inmuebles; por eso, esta ley protege los derechos de los inquilinos", dijo el ex gobernador rionegrino, en diálogo con El Destape Radio.
El legislador destacó que el proyecto "tuvo un respaldo importante en Diputados", luego de que esta semana obtuviera dictamen y se lo incluyera en el temario de hoy, que abarcará también normativas de educación a distancia y varios decretos del Ejecutivo en relación con la pandemia.
El proyecto de alquileres extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (Ripte).
Para Weretilneck, la ley "tiene aspectos interesantes porque hacer contratos a tres años da tranquilidad al inquilino y, además, fija el índice de incremento con una mezcla del Índice de Precios al Consumidor y salarios".
El senador por Río Negro también destacó el cambio que la nueva norma prevé en relación con las garantías para alquilar, ya que "antes sólo se exigía un inmueble de un familiar o persona cercana, y ahora habrá cuatro o cinco opciones, como recibos de sueldo o pólizas de caución".
"Otro punto importante es sobre las expensas, e indica que el inquilino no tendrá que pagar obras en el edificio, como reemplazar tanques de agua", sostuvo el senador.
La sesión de hoy será la tercera en formato de videoconferencia que se realizará desde que rige el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
En otro orden, consultado sobre la denuncia de espionaje contra el ex presidente Mauricio Macri y su gobierno, que incluye al senador entre los presuntos espiados, Weretilneck confirmó que se presentará como querellante y manifestó su expectativa de que "la Justicia vaya a fondo".
"La inteligencia tiene que estar para combatir el narcotráfico: hay muchas cosas antes de perseguir a políticos, empresarios, dirigentes gremiales o periodistas", aseveró.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.