El Gobierno nacional destinará $ 100 millones a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los habitantes de los barrios populares del país, para lo cual también decidió la creación de un programa de emergencia, a través de la resolución 477/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada hoy en el Boletín Oficial.
Argentina03 de junio de 2020
Sures Noticias
La misma indicó que “resulta imperativo arbitrar todos los medios necesarios destinados a garantizar el acceso a las TIC para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que excepcionalmente requieran de una solución urgente, en el marco de una emergencia nacional sanitaria”.
Para ello, se implementarán proyectos específicos para garantizar el acceso a servicios de conectividad en estos barrios.
Así se crea el Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicio TIC para Habitantes de Barrios Populares, en el marco de la pandemia del coronavirus.
Tendrá como objetivo generar las condiciones para que los barrios que se encuentren relegados de cualquier avance comunicacional y con necesidades insatisfechas en razón de la actual emergencia sanitaria, cuenten en forma urgente con el acceso a servicios TIC mientras transcurre la pandemia.
También mejorar la calidad de las funciones que éstos desarrollan, promovida por el acceso a los servicios de TIC; y promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de inclusión digital de los ciudadanos.
Del mismo modo, se buscará democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones; y priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC a los habitantes de aquellos barrios inscriptos en el Renabap, afectados por la pandemia.
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El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
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La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
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