La diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos-Jujuy) repudió hoy "la creciente judicialización" a la que se están viendo expuestos trabajadores de la salud que son demorados y tienen causas penales a raíz de distintas situaciones dadas en el tratamiento de personas en el marco de la pandemia de coronavirus.
Argentina02 de junio de 2020
Sures Noticias
"Es inconcebible y muy repudiable que como ciudadanos y dirigentes políticos veamos estas noticias a diario sin reaccionar en su defensa, ante situaciones en las que médicos han sido demorados o detenidos y hasta incursos en causas penales por el sólo hecho de haber participado en el tratamiento de argentinos afectados por el Covid-19", señaló Moisés.
En ese sentido, la diputada presentó un proyecto de declaración, en el que aludió a casos como el de un geriátrico en la provincia de Córdoba, donde no se respetó el protocolo de salud, lo que derivó en contagios masivos de los adultos mayores.
A raíz de esa situación, se inculpó y detuvo al personal de la salud que intervino para hospitalizarlos y darles los cuidados necesarios para preservar su salud, que ya estaba en riesgo de sobrevida por sus condiciones de base, indicó en los fundamentos de la iniciativa.
"Situaciones como éstas se vienen replicando en todo el territorio nacional y representan una verdadera injusticia para quienes por un lado, reciben el aplauso público de una parte de la sociedad todos los días a las 21 horas, y por otro lado, también son víctimas de discriminación y agresiones en sus propios departamentos en edificios o viviendas particulares", subrayó Moisés.
Señaló que "con sorpresa y profundo dolor el personal sanitario ha tenido que tolerar desde pegatinas públicas a modo de escraches colocadas por vecinos anónimos en lugares visibles, hasta planteos directos de personas de su entorno habitacional para que abandonen sus casas".
"Nunca más lejos calificarlos como personal de riesgo para la sociedad, cuando en rigor son seres humanos en riesgo, tal cual se ha venido comprobando estadísticamente con los fallecimientos de personal sanitario que registran las estadísticas mundiales cumpliendo funciones en la primera línea de combate contra la enfermedad", agregó la diputada jujeña.
En su proyecto de declaración, la legisladora hizo referencia a que a más de 70 días de la implementación del aislamiento social dispuesto por el presidente Alberto Fernández, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) relevó una infinidad de denuncias del personal de la salud en este sentido, "una triste realidad que tiene una evolución constante".
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.