La Municipalidad de Córdoba dispuso desde este domingo, de acuerdo a las medidas preventivas de distanciamiento social establecidas por el Gobierno Nacional e instrumentadas por el Comité de Emergencia en Córdoba (COE), el cierre total al tránsito vehicular de la calle 27 de Abril entre Buenos Aires y Obispo Trejo.
Córdoba18 de mayo de 2020
Sures Noticias
La Municipalidad de Córdoba dispuso desde este domingo, de acuerdo a las medidas preventivas de distanciamiento social establecidas por el Gobierno Nacional e instrumentadas por el Comité de Emergencia en Córdoba (COE), el cierre total al tránsito vehicular de la calle 27 de Abril entre Buenos Aires y Obispo Trejo.
A su vez, en la calle 27 de Abril, entre Vélez Sarsfield y Obispo Trejo, habrá circulación de autos restringida en doble mano, para el acceso a las cocheras del sector.
La calle San Jerónimo, entre Chacabuco y Buenos Aires tendrá circulación restringida, sin acceso de colectivos, taxis y remises. En este trayecto de 200 metros se ensanchan las veredas con nuevas demarcaciones que llegan hasta la calzada, posibilitando así al peatón circular con mayor comodidad, respetando la distancia física entre las personas.
El trayecto fue recorrido esta mañana por el Intendente Martín Llaryora, quien saludó a los trabajadores que están realizando las nuevas demarcaciones sobre la calzada.
La medida promueve un mejor aprovechamiento del espacio público y una mayor protección y cuidado de las personas, respetando el funcionamiento de las cocheras ubicadas en el mencionado sector.
También permite el resguardo de los edificios históricos y de alto valor patrimonial de la ciudad, protegiéndolos de los daños que provocan las vibraciones generadas por la alta circulación de colectivos y automóviles. Entre otros, podemos mencionar a importantes íconos culturales de la ciduad, como la Catedral, la iglesia Santa Teresa de Jesús y el Monasterio San José de las Carmelitas Descalzas, el Teatro Real, el Pasaje Santa Catalina, el Cabildo y el edificio del Banco de Córdoba.
Cabe destacar que en todo este trayecto se realizarán trabajos complementarios de bacheo en las cuadras que así lo requieran.
LÍNEAS DE COLECTIVOS
La Secretaría de Movilidad Urbana realiza cambios en los recorridos de Transporte Urbano de Pasajeros, de modo de liberar el Eje San Jerónimo – 27 de Abril, entre las calles Chacabuco y Sucre.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.