Los trabajadores de SanCor han denunciado el incumplimiento en el pago de salarios y exigen tener un rol activo y transparente en la reactivación de la empresa, especialmente en lo referente a los posibles inversores.
Argentina19 de junio de 2025
Sures Noticias
Delegados del personal de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas han emitido un comunicado advirtiendo sobre el riesgo de quiebra total la empresa láctea y han propuesto un plan de lucha nacional. El anuncio llega en un contexto crítico, donde el 90% de las plantas industriales de la cooperativa permanecen paralizadas.
Los empleados denuncian la falta de pago de sus salarios, tanto de períodos anteriores como posteriores a la apertura del concurso preventivo. Esta situación agrava la crisis económica de cientos de familias. “Nos adeuda hacia atrás del concurso, y tampoco nos paga hacia adelante”, afirmaron desde el Cuerpo de Delegados, subrayando el apoyo del sindicato ATILRA.
SanCor ha informado al juzgado sobre propuestas de inversores interesados en la reactivación de la empresa; sin embargo, los trabajadores reclaman información clara al respecto para discutirla en asambleas. “Exigimos que se nos informe de inmediato sobre estas propuestas para considerarlas”, sostienen.
El temor principal radica en que la empresa, con un pasivo que supera su activo, podría enfrentar una quiebra inminente. “No somos cualquier acreedor: nuestros créditos son alimentarios”, recalcan, enfatizando la importancia de sus salarios como fuente de sustento.
En respuesta a esta crisis, el personal planea movilizaciones hacia el juzgado que lleva el concurso, exigiendo la garantía de la reactivación de la actividad, según lo estipulado en la resolución que habilitó el proceso concursal. La situación en SanCor, emblemática cooperativa del país, sigue escalando, dejando a sus trabajadores en una incertidumbre alarmante.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.
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