Organizada por la Coordinadora de familiares de victimas de gatillo fácil por quinta vez consecutiva, sera el próximo martes 27 de agosto de 2019 desde las 17:00 hs. La marcha partirá desde Av. Colón y Av. General Paz
Córdoba20 de agosto de 2019
Sures Noticias
El texto de la convocatoria dice: Por quinta vez consecutiva nos movilizamos en contra del aparato represivo que asesina, tortura y desaparece a nuestrxs pibxs. Nos encontramos y ocupamos las calles en todo el país, exigiendo JUSTICIA por cada unx de ellxs.
La lista de casos de gatillo fácil sigue creciendo, junto a la criminalización de lxs jóvenes y a la complicidad de la justicia. Nos cierran y cajonean las causas, nos amenazan, nos quieren vender que lxs pibxs generan inseguridad. Pero ellxs no son peligrosos, ESTÁN EN PELIGRO. Y la violencia que lxs oprime viene de arriba, de parte del ESTADO.
Convertimos en lucha nuestro dolor y salimos a la calle porque juntxs encontramos la fuerza para seguir peleando. No es un solo policía, es toda la institución. ¡Basta de gatillo fácil!
¡Basta de asesinatos y torturas en cárceles y comisarías! ¡Basta de desaparecidxs en democracia! ¡No a la baja de la edad de punibilidad! ¡No queremos más milicos en las calles! ¡Abajo la ley antiterrorista! ¡No a la criminalización de la protesta! ¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs!
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.