La eliminación del trámite de fe de vida de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, sancionada el 5 de julio pasado por el Congreso Nacional, comenzó a regir a regir hoy con la publicación del decreto que la promulga en el Boletín Oficial.
Argentina 17 de julio de 2023
Sures Noticias
Se trata de la Ley 27.721, promulgada a través del Decreto 365/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y de la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Kismer de Olmos.
"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional promúlgase la Ley Nº 27.721 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 5 de julio de 2023", señala la norma.
La Ley 27.721 deja sin efecto la obligación de presentar declaración de supervivencia o fe de vida, y beneficia a jubilados y pensionados tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como beneficiarios de pensiones no contributivas.
El primer artículo establece que los beneficiarios "quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin, quedando sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales".
La ley -sancionada por 170 votos a favor y 3 en contra- modifica el artículo 2 de la ley 26.704, y elimina el requisito de realizar acción alguna para acreditar supervivencia.
La nueva redacción del artículo 2, establece que "los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones no Contributivas a cargo del Anses no requerirán, en ningún caso, de la realización de acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia".
El acto de descubrimiento de la señalización se realizó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y familiares y amigos del joven.
Organizaciones de DDHH convocan el proximo 6 de diciembre a presenciar en las puertas del tribunal en Comodoro Py 2002 la lectura de la sentencia a las 9:30 hs.
La Secretaría de Derechos Humanos presentó un mapa interactivo con información sobre 276 sitios y espacios de memoria relacionados con el terrorismo de Estado. El mapa ofrece detalles como ubicación, descripción, funcionamiento histórico y fotografías de cada lugar. Se prevé actualizaciones periódicas.
Los titulares de Radio Nacional, TV Pública, RTA, Télam y de la gerencia Contenidos Públicos resaltaron que "los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana". Desde la Coalición por una Comunicación Democratica, Sindicatos de prensa y el Colectivo Más Democracia sumaron su rechazo.
El gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión "frente a las reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos Gobernantes". "Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China", había dicho Milei durante la campaña.
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo período de 2022, cuando el número de carenciados llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
La Marcha de la Gorra convocada para el 7 diciembre partirá desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre". En tanto organismos de DDHH convocan para el mismo jueves 7 de diciembre a las 17.30 hs, en Plaza San Martín a una ronda en el marco de los 40 años de la democracia.
Juan Grabois, ex candidato a presidente de la Nación, presentó un dispositivo jurídico para proteger a la militancia contra intentos de disciplinamiento político violento. Además, presentó una denuncia penal y civil contra Marcos Chediek, militante fascista de LLA que lo amenazó de muerte. Los detalles los expuso en una nota extensa en la red social X.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Llaryora llamó a la “austeridad” en la política y anunció la reducción de salarios entre los funcionarios. Vamos a crear definitivamente las guardias locales de prevención y convivencia, conocidas como las policías municipales, señalo.
"Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años, cuando el PBI per cápita cayó 15% en un contexto donde acumulamos 5 mil por ciento de inflación", pero aclaró que se tratará del "último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina". Y a modo de amenaza advirtió que, "quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra". En su discurso no reivindico en ningún momento la democracia ni la vigencia de las políticas de estado en materia de DDHH. No critico a la casta, su muletilla de campaña.
Se realizó la 17° Marcha de la Gorra el jueves 7 de diciembre. La nutrida Marcha de la Gorra partió desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre".
Tanto Ana Clara Pérez Ballester como Elisa Catán, quien también intervino en el expediente, deben ser removidas de sus funciones debido a que "omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño".
Varios altos representantes de diversos Estados expresaron su decepción con el veto impuesto por EEUU en el Consejo de Seguridad al proyecto de resolución que exigía un cese al fuego en la Franja de Gaza. El 8 de diciembre, EEUU utilizó su poder de veto para impedir la adopción de la resolución correspondiente.
La Pampa: el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó tumbas NN del cementerio de La Adela para identificar restos de supuestas víctimas del terrorismo de Estado. La denuncia surgió en el 2020, a raíz de la declaración de un residente que manifestó la existencia de sepulturas cuyos restos óseos podrían pertenecer a víctimas de crímenes vinculados a terrorismo de Estado.