Con 42 senadores presentes del oficialista Frente de Todos (FdT) y del interbloque de la oposición Juntos por el Cambio (JxC), la Vicepresidenta dio lugar en primer término al tratamiento de nombramientos y cuestiones de privilegio antes del debate de los proyectos de ley.

El proyecto que establece medidas de promoción de inversiones en la industria automotriz contempla beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031 y declara sector estratégico a la producción autopartista.

La norma es una de las que reclamó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y que, cuando el funcionario era presidente de la Cámara baja, impulsó en conjunto con el diputado opositor bonaerense Cristian Ritondo.

El "Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz - Autopartista y su cadena de Valor" establece un conjunto de medidas de incentivo orientadas a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales.

Además, se contemplan beneficios para las inversiones automotrices, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que establece que el plazo de devolución se reducirá de seis a tres años y, en el caso de la amortización de bienes de capital, de cinco a tres años.

La norma, a su vez, crea dos nuevas entidades: un programa de fomento a nuevas inversiones y el Instituto de la Movilidad.

El proyecto de promoción, desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, también pedido por Massa, contempla extender hasta 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología.

La iniciativa prevé que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.