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La publicación elaborada conjuntamente por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación y el Instituto Alana repasa los riesgos que supone para esta población no contar con medidas de protección específica y destaca la necesidad de que los Estados desarrollen políticas más efectivas, entendiendo el rol central de las empresas tecnológicas.
Entre las principales amenazas, el informe resaltó el modelo de negocios de las plataformas centrados en los datos y aseguró que "los niños y adolescentes son especialmente afectados por estos modelos persuasivos y sus respectivas técnicas de datificación, en la medida que son personas en desarrollo y que atraviesan una fase de mayor experimentación y susceptibilidad a las influencias externas".
En el estudio titulado "Datos y derechos de la niñez y adolescencia digital: caminos para la protección jurídica en Brasil y Argentina" se advierte que "aún no se sabe con exactitud cómo pueden repercutir los millones de rastros digitales que han dejado".
Otra de las problemáticas identificadas es el acceso temprano a Internet por parte de niños, niñas y adolescentes que resulta en la "elaboración de perfiles sobre percepciones, emociones, intereses, hábitos y comportamientos aún más asertivos que el perfil de los adultos".
También se señala que las características de diseño como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones y el acceso a contenidos personalizados en función de sus intereses favorecen que los niños y adolescentes pasen gran parte de su tiempo inmersos en estos espacios.
Desde la organización con sede en nuestro país, también advirtieron sobre el "creciente uso de tecnologías de vigilancia" y afirmaron que "los sistemas de reconocimiento facial son de particular preocupación para el derecho a la no discriminación de los niños, niñas y adolescentes", ya que varios estudios muestran una "alta tasa de falsos positivos" cuando estas tecnologías se aplican a las infancias.
En las conclusiones se destacan recomendaciones jurídicas para el abordaje desde los Estados, la promoción de la Conducta Empresarial Responsable desde la perspectiva de los derechos humanos en el sector privado y la necesidad de participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a derechos digitales.
"En Argentina, si bien tenemos variedad de leyes de protección a las infancias y a las adolescencias, no existe ninguna dedicada a la protección en el entorno digital", aseguró la investigadora de la ADC Sara Soubelet y marcó que "es necesario que brindemos un entorno seguro para que puedan desarrollarse y crecer".
El informe concluye que la Observación General Nº 25 del Comité sobre los Derechos del Niño puede servir de punto de partida para el desarrollo de un programa que obligue a los Estados de Latinoamérica a adoptar medidas para impedir la explotación de datos personales de niños, niñas y adolescentes por parte de las plataformas digitales.
