El acceso temprano a internet, el creciente uso de tecnologías de vigilancia y el auge de los modelos de negocios basados en datos presentan amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según un informe publicado hoy por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que promueve una agenda latinoamericana para la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital.
Argentina12 de julio de 2022
Sures Noticias
La publicación elaborada conjuntamente por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación y el Instituto Alana repasa los riesgos que supone para esta población no contar con medidas de protección específica y destaca la necesidad de que los Estados desarrollen políticas más efectivas, entendiendo el rol central de las empresas tecnológicas.
Entre las principales amenazas, el informe resaltó el modelo de negocios de las plataformas centrados en los datos y aseguró que "los niños y adolescentes son especialmente afectados por estos modelos persuasivos y sus respectivas técnicas de datificación, en la medida que son personas en desarrollo y que atraviesan una fase de mayor experimentación y susceptibilidad a las influencias externas".
En el estudio titulado "Datos y derechos de la niñez y adolescencia digital: caminos para la protección jurídica en Brasil y Argentina" se advierte que "aún no se sabe con exactitud cómo pueden repercutir los millones de rastros digitales que han dejado".
Otra de las problemáticas identificadas es el acceso temprano a Internet por parte de niños, niñas y adolescentes que resulta en la "elaboración de perfiles sobre percepciones, emociones, intereses, hábitos y comportamientos aún más asertivos que el perfil de los adultos".
También se señala que las características de diseño como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones y el acceso a contenidos personalizados en función de sus intereses favorecen que los niños y adolescentes pasen gran parte de su tiempo inmersos en estos espacios.
Desde la organización con sede en nuestro país, también advirtieron sobre el "creciente uso de tecnologías de vigilancia" y afirmaron que "los sistemas de reconocimiento facial son de particular preocupación para el derecho a la no discriminación de los niños, niñas y adolescentes", ya que varios estudios muestran una "alta tasa de falsos positivos" cuando estas tecnologías se aplican a las infancias.
En las conclusiones se destacan recomendaciones jurídicas para el abordaje desde los Estados, la promoción de la Conducta Empresarial Responsable desde la perspectiva de los derechos humanos en el sector privado y la necesidad de participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a derechos digitales.
"En Argentina, si bien tenemos variedad de leyes de protección a las infancias y a las adolescencias, no existe ninguna dedicada a la protección en el entorno digital", aseguró la investigadora de la ADC Sara Soubelet y marcó que "es necesario que brindemos un entorno seguro para que puedan desarrollarse y crecer".
El informe concluye que la Observación General Nº 25 del Comité sobre los Derechos del Niño puede servir de punto de partida para el desarrollo de un programa que obligue a los Estados de Latinoamérica a adoptar medidas para impedir la explotación de datos personales de niños, niñas y adolescentes por parte de las plataformas digitales.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.