El acceso temprano a internet, el creciente uso de tecnologías de vigilancia y el auge de los modelos de negocios basados en datos presentan amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según un informe publicado hoy por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que promueve una agenda latinoamericana para la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital.
Argentina 12 de julio de 2022
Sures Noticias
La publicación elaborada conjuntamente por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación y el Instituto Alana repasa los riesgos que supone para esta población no contar con medidas de protección específica y destaca la necesidad de que los Estados desarrollen políticas más efectivas, entendiendo el rol central de las empresas tecnológicas.
Entre las principales amenazas, el informe resaltó el modelo de negocios de las plataformas centrados en los datos y aseguró que "los niños y adolescentes son especialmente afectados por estos modelos persuasivos y sus respectivas técnicas de datificación, en la medida que son personas en desarrollo y que atraviesan una fase de mayor experimentación y susceptibilidad a las influencias externas".
En el estudio titulado "Datos y derechos de la niñez y adolescencia digital: caminos para la protección jurídica en Brasil y Argentina" se advierte que "aún no se sabe con exactitud cómo pueden repercutir los millones de rastros digitales que han dejado".
Otra de las problemáticas identificadas es el acceso temprano a Internet por parte de niños, niñas y adolescentes que resulta en la "elaboración de perfiles sobre percepciones, emociones, intereses, hábitos y comportamientos aún más asertivos que el perfil de los adultos".
También se señala que las características de diseño como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones y el acceso a contenidos personalizados en función de sus intereses favorecen que los niños y adolescentes pasen gran parte de su tiempo inmersos en estos espacios.
Desde la organización con sede en nuestro país, también advirtieron sobre el "creciente uso de tecnologías de vigilancia" y afirmaron que "los sistemas de reconocimiento facial son de particular preocupación para el derecho a la no discriminación de los niños, niñas y adolescentes", ya que varios estudios muestran una "alta tasa de falsos positivos" cuando estas tecnologías se aplican a las infancias.
En las conclusiones se destacan recomendaciones jurídicas para el abordaje desde los Estados, la promoción de la Conducta Empresarial Responsable desde la perspectiva de los derechos humanos en el sector privado y la necesidad de participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a derechos digitales.
"En Argentina, si bien tenemos variedad de leyes de protección a las infancias y a las adolescencias, no existe ninguna dedicada a la protección en el entorno digital", aseguró la investigadora de la ADC Sara Soubelet y marcó que "es necesario que brindemos un entorno seguro para que puedan desarrollarse y crecer".
El informe concluye que la Observación General Nº 25 del Comité sobre los Derechos del Niño puede servir de punto de partida para el desarrollo de un programa que obligue a los Estados de Latinoamérica a adoptar medidas para impedir la explotación de datos personales de niños, niñas y adolescentes por parte de las plataformas digitales.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.