Bajo la consigna “Somos el Valle que Marcha: Derechos Humanos y Soberanía Ambiental para el Buen Vivir”. Invitan a participar a toda la ciudadanía, organizaciones del Valle Paravachasca y de la provincia que abracen las causas de los DDHH.
Córdoba06 de diciembre de 2021
Sures Noticias
La Asamblea Paravachasca en un comunicado expreso que la movilización es continuidad del camino de articulación que viene sosteniendo y en el marco del día de los Derechos Humanos Universales, impulsan colectivamente la actividad “Somos el Valle que Marcha: Derechos Humanos y Soberanía Ambiental para el Buen Vivir”, la cual consiste en una Marcha con intervenciones artísticas y performances en la ciudad de Alta Gracia.
Agregaron que desde hace un tiempo, diferentes organizaciones del Valle de Paravachasca vienen avanzando hacia una articulación política y territorial en relación a las problemáticas socioambientales del Valle. Por ello, el pasado 12 de noviembre realizamos la presentación de sendos informes mediante una conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar, poner en agenda y denunciar públicamente las actuales problemáticas socioambientales de Paravachasca y su impacto en quienes habitamos el territorio.
La marcha tendrá su inicio desde la plaza de los Poetas de Alta Gracia, y se dirigirá hasta la intersección de las calles Belgrano y Belisario Roldán donde habrá escenario con intervenciones musicales, y lectura de un documento colectivo. Estas actividades tendrán lugar el próximo viernes 10 de diciembre a partir de las 18 hs.
Entre otras organizaciones se sumará el Colectivo Paravachasca por la Memoria
Para adhesiones a la convocatoria dieron a conocer el siguiente mail:
[email protected]
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.