La diputada nacional electa del Frente de Todos, Marcela Passo, consideró hoy que "hay que buscar un punto en común entre propietarios e inquilinos", al referirse a las modificaciones que podría tener la Ley de Alquileres.
Argentina 26 de noviembre de 2021
Sures Noticias
"Es una ley que fracasó, nos puso en una situación donde aumentaron los precios y se retiró mucha gente. Hay que buscar un punto común entre propietarios e inquilinos. Hay que revisar el tema de los plazos, la cláusula de ajuste, garantías", explicó esta mañana la dirigente en diálogo con radio Provincia.
La decisión del oficialismo de avanzar en una nueva ley de alquileres fue adelantada el miércoles pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien llamó a discutir en el Congreso una nueva ley que dé "certezas" al propietario y "garantías y tranquilidad" al inquilino, tras advertir que fracasó la norma impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.
"En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino", recordó Massa, en un acto por el Día de la Construcción.
Passo, electa diputada del Frente de Todos y alineada con Massa, y que trabaja en un proyecto para modificar la ley actual de alquileres, explicó que desde el oficialismo se plantea "un proyecto pero no para imponerlo, sino para demostrar que estamos ante un problema".
"Nuestro planteo va más allá del alquiler, sino la posibilidad de tener un techo propio. Estamos en el momento de plantear el debate porque hay voluntad de hacerlo", subrayó.
Agregó que se trata de un "tema que reviste cierta urgencia, es un reclamo social y ojalá podamos debatirlo cuanto antes porque hay voluntad de todas las partes de hacerlo", concluyó.
Dirigentes gremiales de la mesa chica de la central obrera informaron a Somos Télam que recibirán a senadores nacionales para "seguir construyendo puentes a través de las cuestiones políticas y las leyes que el Gobierno ha presentado o presentará en el Parlamento".
El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
El mandatario encabezó el acto por la Guerra de Malvinas y pidió inaugurar "una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas", resaltó el rol de los militares y volvió a criticar a los organismos de Derechos Humanos.
La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica. Frente a este escenario, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024.
La Dirección Provincial de Veteranos de Guerra y el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro han denunciado "una invasión y expoliación de recursos naturales en más del 30% del territorio argentino". Además, han advertido sobre los planes del Reino Unido de "edificar un puerto de aguas profundas en las Malvinas y declarar una zona de pesca protegida en el litoral marítimo".
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.