El Gobierno aprobó el modelo de contrato de préstamo a celebrarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 200 millones destinado a financiar el programa Apoyo a Poblaciones Vulnerables a través del Plan Argentina contra el Hambre en el marco de la pandemia de Covid-19, a través del Decreto 606/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Argentina10 de septiembre de 2021
Sures Noticias
El mismo precisó que el objetivo general del programa es contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el coronavirus, y su objetivo específico es apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la pandemia.
El plazo del préstamo es de 25 años, con un interés equivalente a la tasa Libor a seis meses, actualmente en 0,10388% anual, más un margen a determinar por el BID.
El Plan Argentina contra el Hambre tiene como objetivo garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad social y económica.
Su principal política pública es la Tarjeta Alimentar, la cual consiste en la asignación de un monto mensual en la cuenta de las y los titulares para que puedan comprar alimentos y productos de higiene.
Durante 2020 se acreditaron un total de 1.567.751 titulares de tarjetas, que alcanzan 2.040.277 destinatarios y destinatarias, con una inversión en todo el período de $ 95.389.296.000.
Del total de beneficiarios, 1.945.047 fueron personas con hijos e hijas, 45.710 embarazadas y 49.520 con hijos e hijas con discapacidad.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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