El Ministerio de Transporte convocó a una audiencia pública a llevarse a cabo el 7 de mayo próximo, a partir de las 9.30, en relación con la documentación, antecedentes y estudios referidos al proyecto del Canal de Navegación Magdalena.
Argentina07 de abril de 2021
Sures Noticias
A través de la resolución 103/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, designó a la secretaria de Articulación Interjurisdiccional de la cartera, Marcela Passo, a cargo de la presidencia de la audiencia pública; y a la Administración General de Puertos como área de implementación de la misma.
El Gobierno creó a principios de febrero último la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, con el objetivo de asistir y asesorar en el llamado, adjudicación y firma de contrato de la licitación pública nacional e internacional para ejecutar las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema de esa vía navegable.
El Canal es considerado por el Gobierno como crucial en la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y los del litoral marítimo de las provincias argentinas.
Se trata de una franja natural del estuario sur del Río de la Plata que posee una profundidad de 4,50 metros, pero que en caso de dragarse hasta los 12 metros abriría una conexión directa entre los puertos fluviales y el litoral marítimo nacional.
La traza prevista consistirá en un canal rectilíneo a desarrollarse entre la zona denominada El Codillo y el área de profundidades naturales conocida como Zona Beta.
La proyección de esta obra es de dos años, su financiación se aproxima a los $ 25.800 millones, y el plazo de vigencia será hasta el 2 de febrero de 2023 o una vez cumplido el objetivo para el cual fue creada.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
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