El Ministerio de Transporte convocó a una audiencia pública a llevarse a cabo el 7 de mayo próximo, a partir de las 9.30, en relación con la documentación, antecedentes y estudios referidos al proyecto del Canal de Navegación Magdalena.
Argentina07 de abril de 2021
Sures Noticias
A través de la resolución 103/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, designó a la secretaria de Articulación Interjurisdiccional de la cartera, Marcela Passo, a cargo de la presidencia de la audiencia pública; y a la Administración General de Puertos como área de implementación de la misma.
El Gobierno creó a principios de febrero último la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, con el objetivo de asistir y asesorar en el llamado, adjudicación y firma de contrato de la licitación pública nacional e internacional para ejecutar las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema de esa vía navegable.
El Canal es considerado por el Gobierno como crucial en la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y los del litoral marítimo de las provincias argentinas.
Se trata de una franja natural del estuario sur del Río de la Plata que posee una profundidad de 4,50 metros, pero que en caso de dragarse hasta los 12 metros abriría una conexión directa entre los puertos fluviales y el litoral marítimo nacional.
La traza prevista consistirá en un canal rectilíneo a desarrollarse entre la zona denominada El Codillo y el área de profundidades naturales conocida como Zona Beta.
La proyección de esta obra es de dos años, su financiación se aproxima a los $ 25.800 millones, y el plazo de vigencia será hasta el 2 de febrero de 2023 o una vez cumplido el objetivo para el cual fue creada.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.