La fiscalía de 1º turno de Alta Gracia, pide por el paradero de la joven Kiara Milena Marin Nieto y la fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno 5 solicitó colaboración para dar con el paradero de Milagros Estefanía Barrionuevo,
Argentina11 de febrero de 2021
Sures Noticias
Río Tercero: La fiscalía de 1º turno de Alta Gracia, solicita el paradero de la joven Kiara Milena Marin Nieto, de doce años de edad, fue vista por última vez el día viernes cinco de febrero a las veintitrés horas de calle Comandante Espora, Monte Grande, Rio Tercero. Es de test trigueña, de 1,62, pelo negro hasta el hombro, suele usarlo suelto o con colita, ojos negros, de contextura media y vestía la última vez que se lo vio: un short azul y remera verde, zapatillas color rojas con puntitos blancas, y usaba una colita en el pelo. Cualquier información o dato sobre su paradero infórmalo a la Unidad Judicial o dependencia policial más cercana.
Córdoba: La Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno 5 pide colaboración para dar con el paradero de Milagros Estefanía Barrionuevo, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio el 20 de Enero de 2021. Vestía una remera con flores y un jean.
Quien pueda aportar dato alguno sobre ella debe llamar al teléfono 4337800, o directamente en la Unidad Judicial 20 de calle Cayetano Silva 1050 Barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, o cualquier sede judicial o policial.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.