La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en diciembre un aumento del 5,1%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesite percibir ingresos por $ 22.680,97 para no caer en situación de indigencia, con lo que a lo largo de 2020 marcó una suba acumulada de 45,5%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Argentina21 de enero de 2021
Sures Noticias
Por su parte, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incrementó 4,7 % en diciembre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $54.207,53 para no caer debajo de la línea de la pobreza, mientras que el acumulado del año cerró con un aumento de 39,1%.
La diferencia entre ambas se debe esencialmente a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte se encuentran en la Canasta Básica Total y están congelados desde principios de año, mientras en la Canasta Alimentaria el rubro comida es preponderante y fue uno de los que más subió en los últimos meses.
La inflación minorista en el 2020 fue del 36,1 %, con un alza del 42,1% en Alimentos y bebidas, incremento que no fue mayor debido a los acuerdo de precios y el establecimiento de "precios máximos" para algunos productos en medio de la pandemia de coronavirus.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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