Los habitantes de la localidad cordobesa de Despeñaderos concurren hoy a las urnas para elegir intendente, para reemplazar a Juan Carlos Cimadamore (peronismo-Hacemos por Córdoba), quien falleció el año pasado antes de asumir su tercer mandato consecutivo.
Córdoba13 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Tres listas participan de la contienda electoral: el oficialismo provincial de Hacemos por Córdoba que promueve a la legisladora provincial Carolina Basualdo; la lista vecinal de Unidos por Despeñaderos, que impulsa al concejal Hugo Olmos y Juntos por Despeñaderos, que se referencia en Juntos por el Cambio, y postula al exlegislador provincial, Héctor Penna.
En total, 6.170 son los electores habilitados para sufragar en tres establecimientos y 18 mesas, bajo un protocolo sanitario en los lugares de votación, donde se exigirá principalmente el distanciamiento y la utilización de tapabocas.
Inicialmente, las elecciones tenían fecha para el 19 de abril pasado, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergarlas.
En estos comicios se utiliza la boleta tradicional y el escrutinio estará a cargo de la Junta Electoral Municipal de esa población del departamento General San Martín, distante a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba.
Cimadamore, quien venía gobernando desde el 2007, había sido reelecto el 12 de mayo del año pasado para su tercer mandato consecutivo y murió por problemas de salud el 4 de noviembre del 2019, a poco de asumir.
Desde entonces la gestión municipal quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Daniel Simari (Hacemos por Córdoba).
El calendario electoral tenía previsto para este año solo las elecciones en la ciudad de Río Cuarto, realizadas el 29 de noviembre último, pero se sumaron de manera extraordinaria comicios en las localidades de Morrison y la de Despeñaderos, en ambos casos por fallecimiento de los intendentes electos.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.