El movimiento Somos Barrios de Pie se movilizó este mediodía a la sede del Gobierno bonaerense ubicada en la ciudad de La Plata "en apoyo y solidaridad" con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, ante los "claros movimientos desestabilizadores que sufre".
Argentina09 de septiembre de 2020
Sures Noticias
“Desde el Movimiento Somos Barrios de Pie expresamos nuestra solidaridad y apoyo al gobernador Axel Kicillof, quien en las últimas horas fue objeto de una manifestación en su propia residencia de parte de un sector de la Policía Bonaerense", dijo a Télam Daniel Menéndez coordinador nacional de la organización y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.
La manifestación se realizó desde las 12 y consistirá en un "abrazo simbólico a la gobernación en apoyo a Kicillof", ante "claros movimientos desestabilizadores contra el Gobierno provincial y nacional", dijo Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Economía Social en la cartera de Desarrollo Social
"Vemos una permanente ofensiva de la derecha política, marchas de sectores anticuarentena que se movilizan en contra del Gobierno, o declaraciones como las de(l expresidente) Eduardo Duhalde, en las que profetiza un golpe para el año que viene", enumeró.
No obstante, Menéndez, consideró que el reclamo por parte de la fuerza policial es "legítimo", destacó la "intención de resolver el conflicto por parte del Gobernador" y reivindicó "el diálogo como medio para la resolución de los conflictos".
"Lo que resulta cuestionable es realizar un planteo en estos términos dejando desprotegidos a todes los ciudadanos, cuando todos estamos concentrando esfuerzos en confrontar la pandemia", concluyó.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.