Las ventas minoristas en la provincia de Córdoba registraron una caída del 23,9% en junio con respecto a igual período del año pasado y, según el relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), "empieza a notarse el cierre de comercios".
Córdoba06 de julio de 2020
Sures Noticias
El informe difundido hoy por la entidad detalla que las ventas acumulan una contracción promedio de 29,8% en el primer semestre, respecto a enero-junio de 2019, a lo que se suman "veintiocho meses de baja en la actividad sectorial, lo que determina el hecho de que comience a ser notorio el cierre de pymes comerciales y de servicios en la provincia".
El Departamento de Estadística de la federación precisó que del análisis realizado entre el 29 de junio y el 3 de julio en toda la provincia surge que el promedio de cierre de locales en el interior provincial es del 13%, mientras que en la capital llegó al 18%.
Las localidades con más cierres, se indicó, son Santa Rosa de Calamuchita (30%), Mina Clavero (25%) y Villa Carlos Paz (15%), mientras que las menos comprometidas son aquellas vinculadas a la actividad del agro y la industria, como Brinkmann (8%), Río Cuarto (8%) y Villa María (5%).
En cuanto a los rubros comerciales y de servicios más perjudicados se identificó a las agencias de viajes, excursiones, paseos y travesías; alojamientos; bares y restaurantes; y joyerías, relojerías y bijouterie.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.