
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
Un incendio forestal, con un frente de fuego de 1.500 metros, arrasaba esta tarde con vegetación de la localidad cordobesa de La Calera, donde 14 dotaciones de bomberos, cuatro aviones hidrantes y un helicóptero del Plan Provincial del Manejo del Fuego trabajan para evitar su propagación hacia la zona poblada.
Córdoba19 de junio de 2020
Sures Noticias
El director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, manifestó a los medios locales que el incendio de “grandes proporciones” avanzaba sobre la forestación del predio militar Quebrada de la Cancha.
Ese predio se encuentra en la localidad de La Calera, una población de las sierras chicas con alrededor de 40.000 habitantes y distante a unos 10 kilómetros de la capital de Córdoba.
El informe oficial indicó que el fuerte viento complicaba la tarea de los hombres que trabajan sobre una superficie en la que se quemaba vegetación autóctona en esa población cercana también a Villa Carlos Paz.
Mientras desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia alertaban que era “extremo” el riesgo de incendios forestales, desde la Policía Caminera dispusieron el corte total en la ruta provincial E-55 desde el kilómetro 9 hasta la intersección del paredón del dique San Roque, por causas de baja visibilidad producidas por incendios en el sector.


La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

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La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

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