La concejala de la oposición del «Frente por Anisacate», Karina Pedernera, presentó un proyecto para la implementación de licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. El mismo fue desestimado por el resto del cuerpo legislativo.
Córdoba12 de junio de 2020
Sures Noticias
La concejala Karina Pedernera, representante del espacio opositor «Frente por Anisacate» en el Concejo Deliberante de dicha localidad, presentó un proyecto sobre «licencias laborales por violencia de género». El mismo buscaba, según la legisladora, «alinear» la normativa municipal a la legislación que ya existe a nivel provincial y también nacional.
«No es fácil legislar en tiempos de pandemia», manifestó Pedernera, asegurando que desde esta comprensión del contexto su espacio político se ha preocupado por «acompañar en un contexto muy difícil. Estamos convencidos que no era momento para poner palos en la rueda sino que era el momento de acompañar».
Con respecto al proyecto de licencias por violencia de género y el «no acompañamiento» del oficialismo, la concejala aseguró que le «cuesta entender cómo se puede votar en contra de un derecho», y aseguró que la violencia de género «no debe pasar por una carpeta médica», porque eso sería «invisibilizar y seguir negando la situación».
Pedernera asegura que el voto del oficialismo tuvo más que ver con «una opinión personal» que con un verdadero conocimiento sobre la temática: «no se puede construir sin antes haber leído. Que ellos dijesen que otorgar una licencia por violencia de género es ‘estigmatizar’, es porque no han leído absolutamente nada». La concejala afirma comprender la inquietud manifestada por el bloque oficialista, pero que el proyecto podría haber sido pasado a comisión para continuar discutiéndolo y no, simplemente, oponerse:
Cabe destacar que el oficialismo se abstuvo de votar. Por este motivo, el tratamiento del proyecto recayó en el Frente por Anisacate, representado por la autora del proyecto; y el espacio Anisacate Cambia, que cuenta con dos concejalxs y que, al votar en contra del proyecto, ocasionaron que el mismo quedara rechazado. Por este motivo, recién el año que viene podría volver a tratarse este tema en el Concejo Deliberante.
Fuente Diario Tortuga Alta Gracia
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.