Unos 20 personas que viajaban en un ómnibus desde Buenos Aires, fueron aisladas en un hotel al llegar a Córdoba, tras notificarse que entre los pasajeros viajaba un hombre que fue repatriado dese Perú, donde tuvo coronavirus y no lo había informado al llegar a la Argentina, reveló hoy el Ministerio de Salud provincial.
Córdoba06 de junio de 2020
Sures Noticias
El hombre ya había bajado en Rosario pero las autoridades sanitarias de Córdoba dispusieron poner en cuarentena a los 20 pasajeros, quienes fueron trasladados a un hotel para cumplir con los protocolos del caso.
El ómnibus con 32 pasajeros partió de desde la localidad bonaerense de Ezeiza con destino a San Juan, previa escala en Rosario y la capital de Córdoba, lugares en donde bajaron parte del pasaje.
Los 20 pasajeros, 13 de capital y 7 del interior provincial, permanecerán en el hotel para ser sometidos a los estudios de hisopados y, luego de los resultados, "se resolverá al respecto", precisó una fuente de la cartera de Salud provincial.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Se llevó a cabo una reunión de la comisión de coordinación que definió un plan de trabajo para el próximo año. La entrega se realizará mediante dos eventos públicos, en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado. En la actualidad, el registro de víctimas desaparecidas y sobrevivientes de la UNNE supera los 170. La corrección de los legajos fue sugerida por el MPF como una medida reparadora en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.