La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó hoy una denuncia penal para que se investigue el origen de una presunta cuenta falsa abierta a su nombre en la red social Twitter.
Argentina02 de junio de 2020
Sures Noticias
La denuncia por "averiguación de delito" fue hecha por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y será investigada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del juzgado federal 12, informaron fuentes judiciales.
Según explicaron fuentes del caso, en la denuncia se explica que se detectó una cuenta en esa red social con logo y nombre del organismo, pero que no fue abierta por la AFI.
En la denuncia se informó al juzgado el IP desde el que se abrió esa cuenta y se pidió que se ordenen medidas para dar con la identidad de su autor o autores.
La semana pasada, la AFI presentó otra denuncia penal vinculada al hallazgo de un disco rígido con el contenido de correos electrónicos de al menos 80 personas, que habrían sido espiadas de manera ilegal.
Esta denuncia está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien en las próximas horas ordenará medidas de prueba pedidas por el fiscal federal Jorge Di Lello.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.