La norma rige también para las asociaciones civiles, tal como lo aprobó la Legislatura de Córdoba en la tercera sesión virtual llevada a cabo este miércoles. Además se aprobó la expropiación de inmuebles para la obra de circunvalación de Villa María y Villa Nueva.
Córdoba28 de mayo de 2020
Sures Noticias
En la tercera sesión virtual del 142° período legislativo presidida por el vicegobernador, Manuel Calvo, la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley 30091 que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para la prohibición de subastas de inmuebles de clubes y asociaciones civiles.
El proyecto aprobado por unanimidad este miércoles es de autoría de los legisladores Majul, Pereyra, Lencinas, Hak, Itrurria, Paleo, Rins, García Elorrio e Irazusta. Alcanza también a las entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
De la sesión participaron 67 de los 70 legisladores que integran el pleno. Las autoridades de bloque lo hicieron desde el recinto del Palacio Legislativo, siempre conectados al sistema de videoconferencia.
Entre otros tratamientos efectuados hoy, se aprobó la expropiación de inmuebles para la obra de circunvalación de Villa María y Villa Nueva.
Este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo declara de utilidad pública las tierras necesarias para avanzar en los trabajos de ese sector del departamento General San Martín, puntualmente en los tramos Río Tercero – Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 4 – Río Tercero.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.