El gobierno nacional prorrogó hasta el 30 de junio la vigencia de los precios máximos para 304 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, cuyos valores deben ser los que regían al 6 de marzo último, en el marco de las medidas para paliar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.
Argentina18 de mayo de 2020
Sures Noticias
La resolución 133/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial, extiende los alcances de la resolución 100/2020 de la misma dependencia.
La medida incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.
Estos deben mantener para 304 productos como precios máximos de venta al consumidor final aquellos efectivamente informados por cada comercializadora al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) vigentes al 6 de marzo de 2020.
Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.
En este caso deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas.
Además, Comercio Interior intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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