El pasado 5 de junio en Córdoba, asambleas socioambientales, comunidades indígenas y organizaciones políticas y de DDHH denunciaron frente a la Secretaría de Ambiente que el modelo extractivista se profundiza con la complicidad del gobierno provincial, el aval del gobierno nacional y la protección del Poder Judicial. Apuntan a más de 150 causas por delitos ambientales cajoneadas, a la persecución penal de defensores territoriales y a un esquema institucional que, lejos de resguardar el agua y el monte nativo, habilita su destrucción sistemática