OMS

El Colectivo Más Democracia exigió ante el ENACOM y la Municipalidad de Córdoba respuesta sobre el uso de un número asociado a información oficial de recaudación tributaria para enviar un SMS que indagaba sobre el "Caso Agostina". Exigen explicaciones urgentes ante lo que consideran un uso fraudulento uso públicos de recursos o una muestra de absoluta insensibilidad oficial.

Organización campesina denuncian la detención de Oscari, trabajador rural del Paraje Las Goteras, por supuestas amenazas a la senadora Patricia Bullrich, y cuestionan la intervención de la justicia federal en un asunto local.

Actualmente, 519 personas están privadas de su libertad, de las cuales 440 cumplen arresto domiciliario. La actividad judicial continúa con 13 juicios en curso y 61 causas elevadas a plenario, mientras que 33 personas permanecen prófugas de la justicia.

En la vertiente oriental de las Sierras Chicas, a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital, dentro de la pequeña localidad de Villa Cerro Azul, la Comunidad Indígena Comechingona-Sanavirón del Chavascate sostiene una lucha inclaudicable para proteger el Sitio Sagrado Camchira. Este territorio ancestral, que debe su nombre a "Madre Sierra" en lengua camiare, resguarda un patrimonio cultural e histórico invaluable, hoy amenazado por la explotación turística y proyectos estatales que avanzan sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento y embargos de 90 millones de pesos para cada uno de los implicados en la causa. Entre los afectados por la medida se encuentran un exfiscal federal, un antiguo jefe de guardia de la prisión U7, ocho exmilitares y cuatro exefectivos de la Policía del Chaco.

En el 48° Encuentro del Ciclo Internacional de Debates ¿Dónde está Lichita?, transmitido el 30 de junio por YouTube, se abordó la criminalización de la solidaridad internacional, las persecuciones políticas y graves violaciones a los derechos humanos. Participaron Apolonia Flores, sobreviviente de la represión stronista; María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, y Emilia Trabucco, directora de NODAL.