El gobierno nacional supervisará que las empresas prestadoras de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, no les corten el servicio por falta de pago a los sectores más vulnerables de la población, a quienes se sumarán las instituciones de bien público y aquellas personas y monostributistas que acrediten una merma del 50% en sus ingresos producto de la pandemia de coronavirus.
Argentina04 de mayo de 2020
Sures Noticias
Así consta en la Resolución 367/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, a través de la cual el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) estableció que las prestadoras de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, deberán remitir al organismo antes del próximo jueves el listado de usuarios cuya titularidad del servicio se encuentre registrada antes del 26 de marzo último, y que sean susceptibles de suspensión con causa en la falta de pago o posean avisos de corte en curso; y sus facturas hayan tenido vencimiento a partir del 1 de marzo.
El Ente también incluyó en la obligación de las empresas de informar el listado de usuarios con modalidad contratada de servicio prepago que hayan realizado alguna recarga en febrero o marzo.
La información requerida deberá ser ingresada con carácter de declaración jurada a través de la plataforma web que el Enacom posee disponible en su página web institucional o a través del siguiente link: https://serviciosweb.enacom.gob.ar/.
Los datos ingresados podrán ser actualizados los días 1° y 15 de cada mes calendario.
La resolución también determinó que estas mismas prestadoras no podrán suspender ni cortar por falta de pago el servicio de ningún usuario que no se hallare incluido en los listados depurados que les serán remitidos.
La depuración se hará teniendo en cuenta que no se le puede cortar el servicio a beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $ 16.875.
También están exentos de cortes los monostributistas sociales y los de las categorías A y B; jubilados, pensionados, y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes; el personal de casas particulares, y los exentos en el pago de ABL.
El Enacom precisó que también exceptuará de los cortes a los usuarios particulares y monotributistas de las categorías C y D, que acrediten una merma de 50% o más en su capacidad de pago.
Del mismo modo a las asociaciones civiles constituidas como clubes de barrio, centro de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales que lo soliciten
Por otra parte, las empresas deberán informar al Enacom, dentro de los próximos 15 días, el valor de todos los precios establecidos para los servicios reducidos, desagregados por tipo de servicio y "bajo la condición de ser éstos justos y razonables".
Los precios de los servicios reducidos, deberán ser comunicados a los usuarios a través de las facturas, las páginas web institucionales y todas las redes sociales mediante las cuales se comuniquen con sus clientes o publiciten sus servicios.
Las prestadoras también deberán informar al Ente en los próximos 15 días, los términos y condiciones o modalidades de los planes de pago y el proceso de comunicación, que deberán poner a disposición de los usuarios con saldos impagos.
Los planes de pago ofrecidos deberán prever la posibilidad de ser pagaderos en, al menos, tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas; y no podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios, punitorios, ni ninguna otra penalidad.
"No escapa al sentido común de los ciudadanos, que los servicios referenciados resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria, y aún más en el actual estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y sus prórrogas", señalan los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.