Según un nuevo informe confeccionado por organizaciones afines, el país está último en el ranking que evalúa la accesibilidad a los datos de las embarcaciones.
Argentina10 de junio de 2025
Sures Noticias
El informe “Acceso a la información pública: antecedentes de registros de embarcaciones y permisos pesqueros”, publicado por las organizaciones Sin Azul No hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales revela que Argentina está última en el ranking de países de la región (con flota industrial pesquera) en relación a la accesibilidad y la visibilidad de los datos de las embarcaciones. A través de un análisis y comparación de más de una docena de registros de diferentes naciones, se elaboró un índice de transparencia que permite visualizar el estado de apertura de cada país. En esa tabla, el país aparece en el último lugar, con puntuación cero.
La pesca es una actividad fundamental para la economía mundial. Asegura la alimentación, nutrición, el empleo y los ingresos de millones de personas. Sin embargo, los impactos sobre los ecosistemas marinos son preocupantes. Por ello, los cuestionamientos recaen en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la sobrecarga y la sobreexplotación.
Juan Ignacio Coustet, activista e investigador de la organización Sin Azul No Hay Verde, conversó con la Agencia de Noticias Científicas y precisó que la pesca de arrastre es considerada “el método más destructivo y una de las principales amenazas para los océanos”. Se trata de una técnica que consiste en arrojar al mar enormes redes que son arrastradas por embarcaciones, capturando todo lo que se encuentra a su paso. De esta forma no solo se capturan las especies objetivo, sino también una gran cantidad de especies no deseadas.
“Este fenómeno, conocido como pesca incidental o bycatch, implica que muchas especies vulnerables sean atrapadas y descartadas sin vida, lo que contribuye a su declive poblacional”, indica Coustet. Además, al ser arrastradas por el lecho marino, estas redes no solo capturan fauna marina, sino que también arrasan con los hábitats bentónicos, provocando la deforestación del fondo marino. “Este proceso, es comparable a la tala de bosques en tierra firme, y pasa desapercibido por la falta de visibilidad submarina, pero sus consecuencias son igualmente devastadoras. La destrucción del lecho marino reduce la capacidad del océano para almacenar carbono y liberar oxígeno, funciones clave en la regulación climática global”, observa el investigador.
Es así que contar con un minucioso registro en un sector tan complejo como el pesquero es esencial: transparentar la pesca implica promover la generación de información pública comprensible y de fácil acceso, que prevé la sobreexplotación, fomenta la participación en la toma de decisiones, reduce la corrupción, fortalece la implementación de las normas y promueve una distribución más equitativa del recurso pesquero.
Al respecto, Coustet indica que “contar con información pública, transparente y de fácil acceso sobre lo que ocurre en el sector pesquero es fundamental para garantizar una gestión responsable del mar”. Y remarca: “La ciudadanía tiene derecho a saber si se están protegiendo los ecosistemas marinos, si el modelo productivo vigente es sustentable, si se respetan la salud y conservación de las especies, si se aplican sanciones a quienes incumplen la normativa (leyes, decretos, regulaciones), quiénes tienen permisos de explotación y qué métodos utilizan”.
Falta de acceso: un mar opaco
En América Latina, aquellos países con importantes flotas industriales tienen sistemas de registro con listados publicados y actualizados, donde se puede acceder a datos de las compañías, los buques, las licencias y/o permisos. Por caso, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay y México ya ofrecen plataformas digitales que permiten a la ciudadanía consultar libremente. Argentina recopila esa información, pero no la hace pública. El estudio señala: “En nuestro país, el conocimiento público sobre el sector pesquero y su gobernanza es insuficiente, como así también aquel relacionado a la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos”.
La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación administra el Registro de la Pesca establecido por el Régimen Federal de Pesca (Ley 24.992), que establece la creación de un registro de antecedentes y sanciones.Por lo tanto, la información requerida internacionalmente está recopilada. El problema es que no está disponible, o lo está de forma insuficiente.
Solo se cuenta con un listado parcial que se reduce al número de matrícula de las flotas, visible en el sitio web de la Comisión Técnica Mixta Frente Marítimo (CTMFM). Además, los datos sobre las embarcaciones y permisos deben buscarse en las actas y resoluciones de Consejo Federal Pesquero, pero esa información está fragmentada y dispersa. También se puede recurrir a un pedido de acceso a la información pública, un trámite dificultoso.
“En la actualidad, el acceso a la información en Argentina es limitado: predomina la opacidad y los pedidos formales suelen enfrentarse a procesos burocráticos extensos, que muchas veces terminan sin respuesta. La información específica sobre la industria pesquera —como las prácticas empresariales, los métodos utilizados y los datos operativos— sigue siendo de muy difícil acceso, lo que evidencia una gestión hermética del sector”, opina Coustet.
A contramano del mundo
La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuenta con el Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro. Se trata de una iniciativa destinada a proporcionar datos certificados procedentes de las autoridades estatales con respecto a las embarcaciones y sus actividades. Su principal objetivo es la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) mejorando la transparencia y la trazabilidad. Al registro se puede acceder en línea de forma rápida y sencilla.
El informe del Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde precisa que Argentina tiene informados 405 buques para los campos esenciales referidos a la información de los mismos, mientras que no hay referencia sobre autorizaciones y licencias ni tampoco sobre inspecciones e infracciones. Por este motivo, los investigadores colocaron al país en lo último de su ranking de visibilidad y accesibilidad.
La administración de la actividad pesquera es de vital importancia para el país. Se trata de la conservación de un bien público que, como señala el informe, “debe ser gestionado de manera sostenible para garantizar el sustento de las generaciones presentes y futuras”. Y continúa: “Mejorar la institucionalidad del sector mediante la apertura de datos y la rendición de cuentas implica garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, para que pueda monitorear y evaluar cómo se gestionan y se protegen las pesquerías”. En esa línea, los investigadores precisan que es necesaria la creación de un registro nacional oficial de acceso público de embarcaciones, similar al que se utiliza en el resto del mundo.
Además, poner el ojo en este aspecto no solo es fundamental para asegurar que las empresas actúen de una forma legal y con conciencia ambiental. También es una herramienta que permite mejorar la competitividad del sector pesquero argentino, ya que, a nivel global, se exigen cada vez más requerimientos en torno a los estándares de manejo sostenible de los recursos y de la transparencia.
Santiago López.Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNQ.Para Agencia de Noticias Científicas UNQ
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