Presentaron un amparo colectivo ante el juez federal de Orán para suspender el despliegue militar en la frontera norte y noreste del país. Alertan sobre retrocesos en materia de derechos humanos, arbitrariedad en las detenciones y falta de control democrático. El gobierno defiende la medida como parte de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.
27 de mayo de 2025
Sures Noticias
La tensión en la frontera norte argentina suma un nuevo capítulo. Organismos de derechos humanos de Salta, agrupados en la Mesa de Derechos Humanos provincial y acompañados por el Comité Contra la Tortura, presentaron un amparo colectivo preventivo ante el Juzgado Federal de Orán, a cargo del juez Gustavo Montoya. El objetivo: frenar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, autorizada por el gobierno nacional en el marco de la denominada “Operación Presidente Julio Argentino Roca” (Operación Roca).
La decisión de judicializar la cuestión responde a la reciente implementación de la resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa y el DNU 1112/2024, que habilitan el despliegue militar en la frontera norte y noreste del país, con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos, la medida representa un grave retroceso institucional y un riesgo concreto de violaciones a las garantías constitucionales.
Un amparo para frenar la militarización
La acción judicial presentada por los organismos solicita la declaración de inconstitucionalidad de los instrumentos legales que habilitan la intervención militar en la frontera. “Buscamos prevenir cualquier tipo de acción ilegítima o privación ilegal o arbitraria de la libertad que pudiera sufrir la población, especialmente quienes viven y trabajan en la zona de frontera, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad por desempeñarse en la economía informal”, explicó el abogado patrocinante Martín Plaza.
Como medida cautelar urgente, el amparo pide que el juez ordene al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de aplicar las reglas de empeñamiento militar, el artículo 11 del DNU 1112/2024 y cualquier otro instrumento que permita la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Reglas secretas y zozobra ciudadana
Uno de los puntos más polémicos señalados por los organismos es el carácter secreto de las reglas de empeñamiento, que regulan la actuación militar en territorio nacional. “La población civil no sabe bajo qué criterios pueden ser detenidos, ni cuáles son los límites de la intervención militar. Eso genera un estado de incertidumbre y zozobra ciudadana”, advierten en el escrito judicial, donde también reclaman la inmediata desclasificación de dichas reglas.
El Comité Contra la Tortura de Salta acompañó la presentación y advirtió que “la posibilidad de que militares puedan detener civiles en situaciones de flagrancia, y que sean ellos quienes definan tales situaciones, genera una situación de inseguridad jurídica y potencial arbitrariedad”.
Retroceso en derechos humanos y control democrático
Para los organismos de derechos humanos, la Operación Roca actualiza “viejas recetas represivas destinadas al control social”, evocando prácticas de la última dictadura militar y poniendo en riesgo derechos básicos de las comunidades indígenas, campesinas y trabajadores informales de la frontera. “No se resuelven los problemas de fondo, como el narcotráfico y la inseguridad, sino que se incrementa la violencia institucional y social”, sostienen.
Además, denuncian la ausencia de mecanismos democráticos de control: “La definición de objetivos estratégicos queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa, sin intervención del Congreso ni de la ciudadanía”, remarcan.
El gobierno defiende la medida
Desde el gobierno nacional, en cambio, sostienen que la medida se inscribe en lo previsto por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que permiten la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera ante riesgos a la vida, la libertad y el patrimonio. El despliegue militar, argumentan, es una herramienta indispensable para combatir delitos complejos en zonas críticas, y se circunscribe a la franja de frontera, excluyendo pasos habilitados y zonas urbanas.
No obstante, los organismos de derechos humanos insisten en que los decretos presidenciales modifican leyes aprobadas por el Congreso, como la Ley de Defensa, y flexibilizan de manera excesiva los supuestos en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en seguridad interior, lo que consideran inconstitucional.
El debate de fondo: seguridad autoritaria vs. derechos
La judicialización de la Operación Roca reaviva un debate de fondo en la política argentina: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad, sin poner en riesgo los derechos y garantías constitucionales? ¿Es legítimo recurrir a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, o se trata de un retroceso que puede abrir la puerta a abusos y arbitrariedades?
Mientras el juez Montoya analiza la presentación y define si concede la medida cautelar solicitada, la frontera norte se convierte en escenario de una disputa clave sobre el rumbo de la democracia argentina. Los organismos de derechos humanos advierten: “No se trata solo de una cuestión legal, sino de la defensa de los valores y principios que sostienen nuestro sistema democrático”.
La resolución judicial marcará un precedente. Pero, más allá de los tribunales, la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos promete seguir ocupando el centro de la agenda pública en un contexto de creciente polarización y demandas sociales insatisfechas.
Firmantes del Amparo
Son accionantes en el habeas corpus colectivo y preventivo Blanca Lescano (Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta); Nora Leonard (Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet); Elia Fernández (H.I.J.O.S. - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio); Elena Eloisa Rivero (Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo); Bertha Graciela Lozana Maggi (Liga Argentina por los Derechos Humanos), y Fernando Pequeño Ragone, por derecho propio.
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