Firmaron acuerdo-convenio de cooperación mutua con organizaciones de la producción alimentaria y la agricultura familiar nucleados en la Mesa Agroalimentaria de Córdoba y la UTEP rural, una articulación entre el campo y la ciudad, entre la producción y el consumo, entre movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, productores, medios de comunicación y otras organizaciones del campo popular para diseñar otras maneras de garantizar el acceso a la alimentación y otros bienes básicos.
Córdoba02 de agosto de 2024
Sures Noticias
El evento se desarrolló el jueves 1 de agosto a las 16 hs en el CISPREN, Obispo Trejo 365 de la ciudad de Córdoba.
Comunicado de los firmantes
Todo consumo es político y a través del mismo sostenemos y propiciamos otros modelos y proyectos para el desarrollo.
Necesitamos recuperar y fortalecer nuestras economías regionales como base fundamental para la producción, el pleno empleo y el desarrollo local a través del agregado de valor en origen.
Precisamos consumir alimentos que nutran y fortalezcan nuestra salud, y necesitamos que los sectores que hoy los producen puedan sobrevivir y fortalecerse. Así también requerimos un modelo productivo sustentable y amigable con la naturaleza que garantice la biodiversidad para nosotros/as y las futuras generaciones.
Con la firma de este Convenio, nuestro sindicato junto a pequeños productores se propone avanzar en acuerdos de cooperación entre las entidades sindicales y las organizaciones de productores como proveedores prioritarios en eventos gremiales y provisión de cajas alimentarias para afiliados y afiliadas. También, acompañar la tarea de las organizaciones populares que garantizan el acceso a la alimentación de la población en los territorios.
Por todo esto, celebramos esta articulación tan amplia y necesaria en los tiempos que corren, anhelando construir un camino hacia una economía justa, libre y soberana de las y los trabajadores.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.