Las personas mayores de 13 años deberán presentar a partir de hoy en Córdoba un pase sanitario, que acredite la vacunación completa contra el Covid-19, para el acceso a eventos recreativos, sociales, culturales y deportivos que convoquen a más de 1.000 personas, tanto en espacios abiertos, al aire libre como cerrados, informó el Ministerio de Salud local.
Córdoba21 de diciembre de 2021
Sures Noticias
La medida, tendiente a evitar brotes y propagación masiva de contagios de coronavirus, alcanza también a los viajes grupales de egresados, estudiantes, jubilados o similares, en tanto las personas que no cuenten con la portación del pase sanitario en formato digital podrán acreditar el certificado de vacunación papel.
El certificado se tramita en la web oficial provincial web oficial https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ y también con la aplicación Cuidar 3.6 del Gobierno nacional.
Para acceder a ese documento -que ya se aplica en otras cuatro provincias- es necesario contar con el esquema completo de vacunación Covid-19, incluyendo todas las dosis (también la de refuerzo si pasaron 180 días desde la segunda).
También la monodosis en el caso de Cansino, cuya última aplicación haya sido recibida con un mínimo de 14 días antes de presentar el certificado y un máximo de 180 días, ya que en este caso se mostrará inhabilitado por requerir una dosis de refuerzo.
A esos requisitos se exigirá que la persona no haya tenido diagnóstico de coronavirus dentro de los últimos 10 días.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.