Carlos Cuevas, integrante de la agrupación y el Frente de Género de la organización política fueron objeto de amenazas. La agrupación denunció que en los últimos días han recibidos audiomensajes, en sus números de telefonos personales.
Argentina26 de enero de 2021
Sures Noticias
En los mensajes se describe, con detalle, amenazas de futuras acciones de violencia física a sus posibles destinatarios, por parte de alguien que no se identifica y que está directamente relacionado con la defensa y acompañamiento a una mujer de la organizacion, víctima de violencia de género hace más de dos años, sostienen los denunciantes.
La mujer, de la que omiten dar el nombre para no revictimizarla, es docente del CENS 460 “Madres de Plaza de Mayo” y fue contenida y protegida luego de haber sufrido varios hechos de violencia, denunciados ante las autoridades correspondientes en el 2015 y 2017. Las amenazas a Carlos Cuevas, responsable político de la agrupación y al Frente de Género resultan inaceptables en el marco de la construcción democrática en que nuestro Pueblo está comprometido desde hace 36 años, sosntienen en un comunicado.
Carlos Cuevas es trabajador de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Matanza, hijo de un detenido desaparecido y nieto de Esther Ballestrino de Careaga, una de las Madres Fundadoras detenida desaparecida por la Dictadura Cívico Militar.
"Ante esta nueva manifestación violenta del modelo de sometimiento patriarcal y machista, desde el Frente de Género exponemos las amenazas y agresiones recibidas, al tiempo que enfatizamos un intento de hostigamiento de tinte político. Por lo expuesto y habiendo cumplimentado las correspondientes medidas judiciales precautorias, exigimos acciones de protección al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Municipal. El miedo no es nuestro idioma. Y el silencio es cómplice", concluyen.
Numerosos espacios y referentes políticos y de los Derechos Humanos han expresado su solidaridad ante el hecho denunciado.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
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La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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