El gobierno nacional convalidó el otorgamiento de un nuevo pago de $10.000, a liquidarse este mes en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través del Decreto 511/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Argentina05 de junio de 2020
Sures Noticias
La norma precisa que el IFE será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías A y B; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los determinados requisitos.
El beneficiario debe ser ciudadana o ciudadano argentino nativa, por opción o naturalizado, residente en el país, o extranjero con residencia legal en la Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud, y tener entre 18 y 65 años
No puede percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; ser monotributistas de categoría C o superiores ni régimen de autónomos; ni recibir prestación por desempleo.
Tampoco deben cobrar el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del Progresar.
Quedan exceptuados de todos estos requisitos los titulares de derecho de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).
La nueva ronda del IFE comenzará a cobrarse a partir del próximo lunes.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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