Diputados del oficialismo y de la oposición respaldaron con su firma, en un plenario de comisiones, un dictamen para crear en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.
Argentina 02 de noviembre de 2022
Sures Noticias
La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Legislación General; de Familia, Niñez, y Juventudes ; y de Justicia, que conducen respectivamente los legisladores Lucas Godoy (FDT), Roxana Reyes (UCR) y Rodolfo Tailhade (FDT).
El dictamen contó con el consenso de todos los legisladores y se basó en las siete iniciativas que estaban en estudio en las comisiones, entre las que se encuentran los proyectos de la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau; de la diputada Jimena López, y de los legisladores de Juntos por el Cambio, Roxana Reyes, Julio Cobos y de Paula Olivetto.
Tras la reunión, Moreau afirmó que "es muy importante avanzar con esta medida porque eludir el pago de la cuota alimentaria limita las posibilidades de desarrollo de las infancias y adolescencias”, según se consignó en un comunicado.
Agregó que la identificación de los deudores "intenta disuadir" para que se cumplan los fallos porque esta problemática “afecta también a las mujeres en su posibilidad de ejercer una vida autónoma, dado que en ellas cae toda la responsabilidad física y económica”
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENDAM), tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales, y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
El objetivo es centralizar la información, de modo tal que quien tiene la custodia y el cuidado personal del menor de edad no tenga que deambular por todo el país para poder lograr las inhabilitaciones que tienen que suceder al cometer un delito como es el no alimentar a los hijos.
Los Registros de deudores alimentarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause.
De acuerdo al proyecto "quienes se encuentren en el ReUDAM no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros".
Durante la reunión de comisión, la legisladora Carolina Yutrovic (FdT) afirmó que “este proyecto es una deuda que tenemos con las infancias y adolescencias de nuestro país” al considerar que “el no pago de la cuota alimentario es un flagelo de la sociedad”.
“Tenemos que convertirnos en una verdadera sociedad de cuidado comprometida para protegerlos”, subrayó y en ese sentido, ratificó que “es una de las formas de violencia económica contra las mujeres. Debemos generar conciencia de la gravedad que significa el incumplimiento”.
A su vez, la legisladora del FDT Carolina Gaillard (FdT) afirmó que el proyecto “es un paso adelante y es una herramienta más para sistematizar información muy importante para garantizar los derechos y ponernos en igualdad de condiciones”.
Desde JXC, el exgobernador mendocino y diputado Julio Cobos, dijo que "el objetivo es contar con una información única que le permita al juez disuadir al deudor alimentario al señalarle que le va a dificultar la vida en lo laboral y en lo comercial”.
Agregó que "“no queremos un organismo burocrático, el Estado ya está muy burocrático, por eso se aceptó la sugerencia que vino del Senado de que sea el Ministerio de Justicia quien coordine e integre el registro con las incorporaciones que los jueces realicen”.
En tanto, Reyes explicó que “se llegó a acuerdos muy importantes en cuanto a la necesidad urgente de combatir un delito como es el incumplimientos de los deberes de asistencia familiar y el pago de alimentos”.
“Celebro que hayamos trabajado en un proyecto trasversal y de consenso como este. Sin duda, el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”, dijo.
En tanto, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, informó que “vamos a acompañar este proyecto sin ningún tipo de objeción porque me da la impresión que lo que estamos haciendo es correcto”.
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