"Buscamos llegar antes de que el femicidio ocurra y salvaguardar la vida de la mujer: un minuto es un montón cuando se está siendo acosada y amenazada", dijo a Télam la diputada, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.

El proyecto al que adhirieron otros 40 diputadas y diputados nacionales, busca "resolver la dilación en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género" y establecer "celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección".

La norma modifica el Código Penal y la ley 26.485 de 'Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres' para "agravar también la pena a los jueces y autoridades que incumplan sus funciones".

Si el agresor incumple la restricción perimetral y el juez o funcionario "no dispone la detención del agresor y ocurriere el femicidio, es una falta grave", apuntó Gaillard. Agregó que también se establece que el juez de faltas o civil "informe al juez penal el incumplimiento de esa orden de restricción en menos de 24 horas".

"Es crucial -continuó- porque si hay una violación de la restricción perimetral se está poniendo en riesgo la vida e integridad de quien denunció y de sus hijos e hijas, y un minuto es un montón en la vida de una mujer que está siendo acosada y amenazada".

Gaillard afirmó que se busca que "haya un reproche penal a aquel funcionario que no se ocupó debidamente ante el peligro de vida de una mujer que hizo una denuncia".

"Encontramos cuestiones del Código Penal que deben ser modificadas, y también que no están claras las responsabilidades de las autoridades y de la justicia, muchas veces se pasan la pelota y eso no puede volver a pasar", dijo.

Añadió que "es un tema cultural a deconstruir como sociedad, somos una sociedad violenta y nos va a llevar años, pero en el camino debemos generar herramientas para tomar medidas como estas".

"Es tarde cuando el Estado interviene, muchas veces ocurre que hay muchas ventanillas en el Estado, no está claro cuál es el procedimiento, no se actúa con premura y hay violaciones en el procedimiento", remarcó.

Pidió "recapacitarnos como gente del Estado" y "humanizar a la Justicia, que los jueces dejen de estar en un pedestal, que se acerquen a las problemáticas e intervengan de manera más humana para llegar a tiempo".

El proyecto dice que el funcionario judicial que en denuncias por violencia de género o familiar demore maliciosamente la adopción de medidas de protección de la víctima será reprimido con uno a seis años de prisión.

Y cuando el agresor desobedezca una resolución judicial que busque salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de la víctima, tras una denuncia por violencia de género o familiar, la pena será de 3 a 5 años de prisión.

Asimismo, se incorpora en el artículo 249 del Código que será reprimido con prisión de quince días a un año quien se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.